Durante la última dictadura militar se
llevaron a cabo diferentes
transformaciones a nivel país, tanto en el ámbito político-económico como
socio-cultural, ejerciendo desde la fuerza (material y simbólica) un control y
acondicionamiento de las pautas culturales. Utilizando como estrategia de
fortalecimiento de poder los medios de comunicación, los cuales se mantuvieron
vigentes quienes se mantuvieran bajo los parámetros oficiales, siendo
censurados, excluidos y eliminados todos aquellos que contradijeran dichos
parámetros.
Los medios de comunicación fueron un
recurso esencial en la construcción de discurso de poder, ya que sentaron las
bases de control de la información, debido a que sólo eran difundidos los
comunicados oficiales, donde como elemento clave fue la Sanción de la Ley de
radiodifusión (Ley 22.285). Favoreciendo a la concentración de la información y
emisión de los mensajes mediante el monopolio del desarrollo de grandes empresas
avaladas por el Estado. 
La ley 22.285, conocida como Ley de
Radiodifusión, fue sancionada por decreto en septiembre de 1980 por el gobierno
militar. Esta ley define a la actividad comunicacional como “interés público” y
no de “servicio”, la cual no garantiza el acceso y participación de los
distintos sectores de la sociedad, orientándose a una privatización de medios: emisoras y canales de televisión
estatales. Generando la concentración monopólica de medios y centralización del
flujo informativo y cultural.
Con el derrocamiento de la dictadura y
la llegada de la democracia, los medios de comunicación se fueron ampliando
pero fue con el avance de las tecnologías que la distribución de la información
se vio altamente favorecida. Ya para la década del ‘90, estos cambios se fueron
masificando debido a los bajos costos de los equipos y de los servicios
comunicacionales.
Crecieron los costos de los derechos
de emisión, aumentando la segmentación en la oferta mediática, según las
posibilidades de compra de los receptores/consumidores. El sector experimentó así, procesos de expansión como también de concentración
de la propiedad de los medios, en consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales impuestas en la
gestión de Carlos Menem como a su vez por los principales grupos económicos,
los cuales impulsaron a la formación de grupos multimedios oligopólicos.
Luego de que asumiera De la Rúa, la
Ley de Radiodifusión seguí en vigencia sin ser cuestionado, ya que durante su
gobierno cambió la forma de conducción pero no el modelo, lo que llevo a la
profundización del régimen neoliberal en lugar de encarar una propuesta
reformista como había prometido, agravando la crisis económica y manifestando
el deterioro institucional.
Para el año 2003 el gobierno de
Kirchner recibió un sistema de medios de comunicación concentrado, con una alta
influencia del capital extranjero y con una exclusión considerable de ciertos
sectores sociales para la posibilidad de obtener licencias de radiodifusión.
Existía una sociedad “relegada a recibir información y consumirla como
mercancía, incapacitada de participar en los procesos de planificación de las
políticas y de la gestión de los medios a partir de la exigencia de poseer fin
de lucro para acceder a la licencia de un medio de radiodifusión, que implicaba
la exclusión de las cooperativas y de muchos otros actores. La herencia incluía
un marco legal autoritario y centralista, con la particularidad de que desde
1983, y especialmente durante la década del ’90, se profundizaron esas
características.”
En 2003 el Poder Legislativo sancionó
la Ley 25750 de “Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”. Con esta ley
se pretendió proteger a las industrias
culturales, aunque también permite que empresas extranjeras adquieran hasta un
30% de las acciones de empresas de medios, lo cual hasta la fecha estaba prohibida,
con la excepción de Estados Unidos que había firmado un tratado de promoción de
inversiones. De esta forma los medios blanqueaban la necesidad de incorporar
capitales al mismo tiempo que bloqueaban la posibilidad de perder el control de
la empresa. Solo se aceptaban inversiones financiera, en medios semiquebrados.
Esta última ley y decretos enmascaraban
la incapacidad de cambiar la ley que regulaba las comunicaciones nacionales
desde la última dictadura militar.
Finalmente en agosto de 2009, la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso de la Nación un nuevo proyecto
de ley para reemplazar la Ley de Radiodifusión 22.285 instituida en 1980 por la
dictadura cívico-militar. El 10 de octubre de 2009, se aprobó la Ley 26.522 de
Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, la cual
establece las normas para regir el funcionamiento y la distribución de
licencias de los medios radiales y televisivos en la República Argentina.
El 29 de octubre de 2013 la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo
final de 392 páginas en el que determinó la validez y la constitucionalidad
general de la ley dando paso a la aplicación efectiva e inmediata de la
totalidad de la Ley de Medios en Argentina.
Actualmente durante la presidencia de Mauricio
Macri se publicó el 4 de Enero del 2016 en el Boletín Oficial el decreto 267, que crea el
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), y supone la confirmación de la
entrada en vigencia de este organismo, además se modifican 7 artículos de la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
De acuerdo con el decreto aprobado, el
29 de diciembre de 2015, el ENACOM –que controlará las licencias de medios
audiovisuales y las telecomunicaciones– será un ente "autárquico y
descentralizado", aunque funcionará "en el ámbito del Ministerio de
Comunicaciones".
La resolución, además, establece la
creación de una "Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de
Reforma, Actualización y Unificación" de la Ley de Medios y de Argentina
Digital.
